La COVID-19 vuelve a las mujeres más vulnerables a la corrupción

Este blog forma parte de la serie La ciudadanía denuncia casos de corrupción vinculados con la COVID-19 (Citizens Report COVID-19 Corruption), que busca generar conciencia sobre el costo humano de la corrupción durante la pandemia de la COVID-19 y alentar a la ciudadanía a denunciar estos hechos.

La COVID-19 está cambiando la vida de las mujeres en modos que, probablemente, se prolongarán más allá de la pandemia. En todo el mundo, la pandemia conlleva graves consecuencias para su salud, así como para su bienestar social y económico.

Al mismo tiempo, las mujeres están en la primera línea de la respuesta a la pandemia, dado que conforman casi el 70 % del personal de atención sanitaria y representan la mayoría de las personas que realizan aquellos trabajos esenciales de menor cualificación y remuneración que mantienen nuestras comunidades en funcionamiento durante la crisis sanitaria.

Pese a esto, las mujeres están notablemente ausentes en las posiciones de liderazgo y los grupos de expertos que manejan las cuestiones relativas a la COVID-19. Además, tienen escasas oportunidades de expresar sus inquietudes y de contribuir a definir las políticas públicas que se adoptan en respuesta a la pandemia.

Esto las vuelve particularmente vulnerables a la corrupción en todo el sistema de salud, tanto como pacientes como proveedoras, y mediante la extorsión sexual o sextorsión.

Desde enero del 2020, más de 1800 personas se pusieron en contacto con la red internacional de Centros de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de Transparencia Internacional para denunciar casos de corrupción y solicitar asistencia para resolver sus quejas relacionadas con la COVID-19, incluidas formas de corrupción basadas en el género. Los ALAC ofrecen asesoramiento legal de manera gratuita y confidencial a testigos y víctimas de casos de corrupción en más de 60 países de todo el mundo.

La crisis económica aumenta las probabilidades de que las mujeres pierdan sus empleos, fuentes de ingresos, ahorros y medios de subsistencia.

Esto menoscaba su independencia financiera, acelera la feminización de la pobreza que subyace a esta situación y se traduce en desequilibrios de poder que las vuelven más vulnerables a la corrupción, lo cual incluye formas de corrupción específicas vinculadas al género, como la sextorsión. Asimismo, limita su posibilidad de lograr que las autoridades y elites rindan cuentas por sus acciones.

La COVID-19 supone una fuerte amenaza a los avances en materia de igualdad de género que se consiguieron en las últimas décadas. El cierre de escuelas y guarderías infantiles hace que una parte desproporcionada del cuidado de los niños y niñas, la educación en el hogar y las responsabilidades domésticas recaiga sobre las mujeres. En Estados Unidos y Europa, las mujeres han asumido una carga de 15 horas semanales de tiempo extra dedicado al cuidado de sus hijas e hijos y a las tareas domésticas.

Esta desigualdad de género históricasen el reparto del trabajo no remunerado puede impedir que las mujeres que son madres realicen trabajos remunerados y desarrollen su carrera profesional, o incluso puede exponerlas a perder sus empleos. En el caso del Reino Unido, las evidencias señalan que durante la pandemia las madres tienen probabilidades significativamente mayores que los padres de perder sus empleos, de manera temporal o permanente.

En muchas regiones del mundo, las mujeres también representan una proporción muy considerable de la economía informal, que ha recibido un golpe particularmente duro con las medidas de prevención contra la COVID-19, como el cierre de fronteras y empresas, y las restricciones a la posibilidad de viajar.

El 74 % de las mujeres de África y el 54 % de las mujeres de América Latina y el Caribe trabajan en el sector informal como empleadas del hogar, vendedoras ambulantes, agricultoras de subsistencia, temporeras y en muchas otras tareas.

Las mujeres están en la primera línea de la respuesta sanitaria a la COVID-19 y tienen una mayor exposición y riesgo de contagio. Las denuncias que reciben los ALAC revelan los múltiples casos de corrupción que ocurren en los centros de salud, que van desde pequeños sobornos para acceder a tratamientos vitales hasta el manejo de influencias en los procesos de compra de insumos médicos. Las mujeres dependen más de los servicios públicos y esto las hace particularmente vulnerables a la corrupción y los sobornos en el sector de la salud.

Durante la pandemia, los recursos que inicialmente estaban destinados a la atención de la salud femenina ahora se están reasignando a otras áreas para prevenir la propagación del virus y evitar que colapsen los sobrecargados sistemas de salud. También es probable que la pandemia genere unosefectos indirectos catastróficos al limitar el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva.

La corrupción, el favoritismo y las prácticas indebidas de lobby o cabildeo pueden agudizar estas tendencias y afectar negativamente a la prestación de servicios de salud con perspectiva de género. Mientras, los sectores ricos y poderosos se aprovechan de los procesos políticos para satisfacer sus propias necesidades y obtener beneficios.

Existe una fuerte preocupación por la posibilidad de que las medidas de confinamiento provoquen un aumento en la violencia de género, el abuso o el acoso, ya que las mujeres que tienen relaciones abusivas se ven obligadas a cumplir la cuarentena con parejas violentas.

Las evidencias que han dejado crisis anteriores, como el brote del virus del Ébola que tuvo lugar en África Occidental durante el 2014 y el 2015, confirman que las tasas de violencia y abuso sexual fueron mayores entre las mujeres. Esto incluye laextorsión sexual, también llamada sextorsión, que se produce cuando funcionarios públicos o trabajadores humanitarios exigen mantener relaciones sexuales a cambio de servicios esenciales.

Durante el brote del virus del Ébola en Sierra Leona, las niñas que habían quedado huérfanas fueron obligadas a realizar actos sexuales a cambio de alimentos, agua y refugio.

Asimismo, durante la actual pandemia, las mujeres de Zimbabue están siendo víctimas de sextorsión cuando intentan conseguir agua, según denuncias recibidas por nuestro ALAC. En Nigeria, se han registrado casos de policías que detienen a mujeres por infracciones menores relacionadas con las medidas contra la COVID-19 y las someten a abusos sexuales mientras están bajo su custodia. La dificultad económica y la pérdida de empleo y la merma de los medios de subsistencia en Nigeria pueden hacer que las mujeres queden expuestas a un mayor riesgo de sextorsión.

El cierre de fronteras hace que grupos marginados, como las mujeres migrantes indocumentadas y refugiadas, queden más expuestas a riesgos de sextorsión y coerción por parte de funcionarios. En estas situaciones, las mujeres a menudo se ven obligadas a pagar un doble soborno —económico y sexual— a cambio de poder cruzar la frontera.

Ante la estigmatización social y los tabúes culturales, las sobrevivientes de hechos de sextorsión enfrentan grandes dificultades al intentar obtener resarcimiento y acceder a mecanismos de denuncia seguros, confidenciales y con perspectiva de género, que brinden recursos de apoyo.

Un análisis rápido de los grupos de trabajo contra la COVID-19 en 24 países muestra que, en algunos de ellos, las mujeres tienen una representación escasa o nula.

Esto significa que las políticas adoptadas en respuesta a la pandemia de la COVID-19 suelen pasar por alto las necesidades específicas de las mujeres. La falta de representación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones también puede significar que los mecanismos de protección social y los paquetes de estímulo económico no logren atender de manera suficiente sus inquietudes.

Si no se les otorga una voz adecuada en la toma de decisiones, es posible que también se reduzca la participación política de las mujeres. Al enfrentar una mayor inseguridad laboral y mayores demandas en su vida doméstica, las mujeres pueden perder el interés en postularse a cargos públicos, tal como ocurre en Australia.

A fin de abordar estos desafíos, recomendamos adoptar las siguientes medidas:

• Recopilar, analizar y difundir datos desagregados por género sobre el impacto diferenciado directo e indirecto de la COVID-19 en las mujeres.
• Asegurar que las mujeres tengan acceso igualitario a tratamientos vitales, medicamentos y servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente durante la pandemia.

• Promover la transparencia en el gasto gubernamental y garantizar que se cuente con recursos adecuados para abordar el impacto de la corrupción vinculada con la COVID-19 en las mujeres y las niñas.
• Promover la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones para que las políticas sobre la COVID-19 y los paquetes de estímulo económico respondan de manera adecuada a las necesidades de las mujeres.
• Empoderar a las mujeres para que denuncien de manera segura los casos de abuso y brindar mecanismos de denuncia con perspectiva de género.

Para ver la lista completa de recomendaciones, consulte la declaración que emitimos con ONU Mujeres.