IPC 2021 para las Américas: Una región en crisis

Con una puntuación media de 43 por tercer año consecutivo, los países de las Américas están paralizados en la lucha contra la corrupción. A pesar de tener un amplio desarrollo legislativo y un compromiso regional para luchar contra este mal, la corrupción en las Américas continúa debilitando la democracia y los derechos humanos.

Este año las Américas tiene 22 países sin cambios estadísticamente significativos en su lucha contra la corrupción. En los últimos 10 años, solo Guyana (puntuación IPC: 39) y Paraguay (30) han logrado mejoras significativas. En el mismo período de tiempo, tres de las democracias más sólidas de la región, Estados Unidos (67), Chile (67) y Canadá (74), quienes lideran el ranking este año, muestran un deterioro y sólo Uruguay (73) se mantiene estable. Venezuela, Haití y Nicaragua, países no democráticos y que enfrentan crisis humanitarias, obtienen la peor puntuación con 14, 20 y 22 puntos cada uno.

En 2021 la región presenció fuertes golpes a la libertad de expresión, prensa y de asociación, derechos civiles y políticos fundamentales para construir democracias saludables y libres de corrupción. En países como Brasil (38), Venezuela, El Salvador (34) y Guatemala (25), los gobiernos usaron la intimidación, la difamación, las noticias falsas (fake-news) y los ataques directos contra organizaciones de la sociedad civil, periodistas y activistas, incluyendo a quienes luchan contra la corrupción, como mecanismos para desprestigiar y silenciar las voces críticas. En Colombia (39), se evidenciaron graves excesos en el uso de la fuerza policial durante las manifestaciones masivas contra la reforma fiscal que paralizaron al país, así como ataques a los derechos de movilización, participación y la protesta ciudadana.

Presidentes de la región, como Jair Bolsonaro en Brasil y Nayib Bukele en El Salvador, utilizaron la lucha contra la corrupción como bandera de campaña para atraer a un electorado decepcionado con la política tradicional, cansado de la corrupción y exigente del respeto a sus derechos humanos. En contra de sus propias promesas, estas figuras populistas no han presentado avances en su lucha contra la corrupción, pero sí han tomado medidas antidemocráticas, violatoria de derechos y regresivas para combatir este mal.

Con 31 puntos México no presentó avances en el Índice de Percepción 2021 (IPC). A pesar de la fuerte retórica anticorrupción del presidente, los grandes casos de corrupción en el país siguen sin ser sancionados. La ausencia de activos recuperados y el creciente número de escándalos involucrando a colaboradores cercanos del presidente explican parte del resultado. Además, recientemente, han surgido críticas sobre el uso político-electoral de la Fiscalía General que, pese a su autonomía formal, no es percibida como independiente.

Con una puntuación de 67, Estados Unidos sigue clavado en su mínimo histórico. La administración de Biden ha reconocido la corrupción como un tema de interés central de seguridad nacional. El año pasado, el Congreso de EE.UU. aprobó legislación exigiendo a las empresas que proporcionen información sobre sus propietarios reales -o "beneficiarios reales"- a un registro central, que se creará en 2022. Esta medida podría mejorar significativamente la capacidad de las autoridades estadounidenses para detectar e investigar los delitos financieros. Aun así, la falta de progreso se explica por los continuos embates a elecciones libres y justas que incluso llevaron a un violento ataque al Capitolio de la Nación y por un sistema de financiamiento de campañas cada vez más opaco.

Por su parte, Chile (67) cuenta con la oportunidad única de fortalecer sus instituciones y revertir su estancamiento si incorpora elementos anticorrupción y fortalece el derecho de acceso a la información en la propuesta de una nueva Constitución.

En la región del Caribe, con una puntuación de 44 Jamaica no logra salir a flote desde hace varios años. Algunos avances, como el establecimiento de la Agencia contra el Crimen Organizado y la Corrupción como entidad independiente o el reciente destape de casos de corrupción por parte de la Oficina del Auditor General, conviven con la resistencia de la clase política a mejorar la gobernanza en el país.

Con una puntuación de 73 Uruguay se consolida como uno de los países con mejor desempeño en la región”. Es un ejemplo de cómo la estabilidad y solidez de las instituciones democráticas, la independencia del poder judicial y el goce de los derechos fundamentales son claves para que la corrupción no permee las instituciones públicas. Este contexto institucional también le ha permitido al país transitar la pandemia de forma eficaz, transparente y con apoyo ciudadano, a diferencia de la mayoría de los países de la región.

República Dominicana con 30 puntos este año deja atrás sus calificaciones más bajas obtenidas en 2019 y 2020. El fortalecimiento del Ministerio Público y de la Cámara de Cuentas y la condena y prisión de poderosos y figuras políticas importantes han contribuido a mejorar la percepción de corrupción. Sin embargo, el combate de la corrupción en este país se inscribe en un contexto de fragilidad institucional. Para lograr cambios significativos es fundamental poner en marcha iniciativas que fortalezcan la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas de las instituciones públicas. De lo contrario, los progresos se esfumarán rápidamente.

Con una pérdida de 4 puntos con respecto al año pasado Argentina (38) fue el país de la región que más retrocedió. La injerencia del poder político en la justicia pone en jaque su independencia y consolida la sensación de impunidad en el país. 2021 fue un año también marcado por la falta de integridad durante la pandemia: abusos de poder plasmados en el esquema discrecional de vacunación (Vacunatorio VIP) para funcionarios y allegados, compras y contrataciones poco transparentes, y comportamiento poco ético de los funcionarios públicos. En Perú (36), que retrocede dos puntos este año, también se observan este tipo de conductas. En el país andino 487 personas, incluyendo altos funcionarios públicos y sus familias, se vacunaron secretamente antes que los trabajadores de salud.

Por su parte, Venezuela (14) obtiene una de las puntuaciones más bajas a nivel global. La gran corrupción ha causado graves violaciones a los derechos sociales, incluyendo la educación, la salud y la alimentación. Asimismo, el sistema judicial se ha convertido en un instrumento de represión contra la disidencia y voces críticas. En los últimos años han aumentado los presos políticos, las detenciones arbitrarias y las restricciones a las libertades fundamentales. El bloqueo de información pública, la ausencia de rendición de cuentas por parte de entes estatales y de un sistema de justicia independiente crean un espacio donde las violaciones de derechos humanos se invisibilizan y permanecen impunes.

La lucha contra la corrupción y la democracia en Centroamérica están en su punto más bajo.

Con un retroceso de 9 puntos en los últimos 10 años, Nicaragua (20) se consolida como la tercera dictadura de la región, a través de un proceso electoral ilegitimo, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y una absoluta concentración de poder en la figura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hoy, este país no cuenta con la transparencia y el contrapeso al poder ejecutivo necesarios para combatir la corrupción.

De manera similar, Guatemala (25) ha declinado 8 puntos en los últimos 10 años. Los éxitos en la lucha contra la corrupción e impunidad que logró la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se desvanecieron rápidamente. Estados Unidos sancionó a la Fiscalía General de la Nación por obstruir las investigaciones de casos de corrupción de alto impacto y promover la impunidad en el país. El Estado, particularmente el sistema de justicia, ha sido cooptado por elites económicas y políticas, ciertos sectores del empresariado y el crimen organizado. Estos grupos se han apoderado del sistema judicial y han forzado al exilio a fiscales y jueces reconocidos por luchar contra la corrupción. También han promovido iniciativas como la “Ley de ONGs” que busca criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil, activistas y la prensa libre que denuncia corrupción.

Honduras (23), que había sido un país para observar en 2020, continúo declinando en 2021. No obstante, la elección en noviembre pasado de Xiomara Castro como presidenta llega con un compromiso de eliminar las leyes que han promovido la impunidad.

Las cuatro recomendaciones propuestas por nuestro informe 2021 de la CPI son claves para lograr que las Américas termine con el flagelo de la corrupción y supere la crisis de democracia y derechos humanos. Adicionalmente los gobiernos de la región tienen que tomar acciones contundentes para fortalecer la transparencia, la integridad y la independencia de los sistemas de justicia, dotando de recursos económicos, técnicos y protección a las fiscalías encargadas de investigar casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. También deben promover la protección de denunciantes e incorporar la perspectiva de género y de diferentes grupos vulnerables en las estrategias de lucha contra la corrupción.

La grave situación en la región ha demostrado que el apoyo de la comunidad internacional a la sociedad civil, los activistas, periodistas independientes y denunciantes de casos de corrupción es clave. Asimismo, los países donantes, los organismos multilaterales y regionales de crédito deberían fortalecer la evaluación del entorno de corrupción y de respeto a los derechos humanos en los esquemas de otorgamiento de préstamos y exigir la transparencia en la ejecución de proyectos con fondos internacionales y el establecimiento mecanismos de monitoreo independientes.