Apoyemos la autonomía de la sociedad civil venezolana, dice Transparency International

Transparency International (TI) se une al llamado internacional por defender la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. El propuesto Proyecto de Ley de Cooperación Internacional que se está discutiendo en la Asamblea Nacional de Venezuela, causa preocupación respecto a la libertad de la sociedad civil y su capacidad de funcionar de manera independiente, sin un paralizante control gubernamental.

El Proyecto, que ha sido aprobado en una primera discusión de la Asamblea Nacional, podría incrementar injustificadamente el número de regulaciones existentes para el funcionamiento de organizaciones no gubernamentales locales y las internacionales que realizan actividades en Venezuela. En caso de que el proyecto siga su curso, la sociedad civil estaría sometida a amplias restricciones y la normativa le permitiría al Estado interferir en los objetivos, actividades y fuentes de financiación de las organizaciones.

Mientras que el Estado venezolano tiene el derecho de regular a las organizaciones que operan dentro del país, el texto de la ley es difuso y deja un gran espacio de discrecionalidad para restricciones adicionales en manos del Estado.

“Las democracias sólidas están construidas sobre una base de libertad: libertad de expresión, de organizarse y de operar sin intervención del gobierno. La excesiva regulación de ésta ley socavaría esos derechos básicos. El rol de la sociedad civil, de contribuir a velar por los intereses y derechos de la sociedad en general, se vería obstaculizado”, dice Huguette Labelle, Presidenta de Transparency International.

Uno de los aspectos más alarmantes de la ley es que propone crear un Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional. Bajo los términos propuestos no existe certeza de que las donaciones que reciban las ONG acaben siendo administradas por el estado como parte de este fondo. Contempla además la creación de un registro obligatorio para que las organizaciones sean reconocidas por el Estado, cuyos alcances serían definidos directamente por el Ejecutivo bajo una reglamentación fuera del procedimiento legislativo.

“El Proyecto debe ser redactado con mayor precisión, para hacerlo transparente y evitar la incertidumbre a la que se someterían las organizaciones”, dijo Mercedes de Freitas, Directora de Transparencia Venezuela, capítulo nacional de TI. La corrupción es enemiga fundamental del desarrollo y la igualdad. Para combatirla eficazmente, organizaciones como TI que abogan por la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de malversación de fondos públicos, deben contar con la autonomía absoluta. La misma autonomía es necesaria para todas las ONG que hacen un valioso aporte a la sociedad venezolana. “Restringir el rol de la sociedad civil significa perjudicar sobre todo a nuestros ciudadanos más vulnerables”, dijo de Freitas.

LAS LEYES DEBEN RESPETAR LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Cualquier intento por introducir mayor control en las organizaciones no gubernamentales en Venezuela debe respetar los estándares internacionales. “La constitución venezolana y tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, ratificados por el país, establecen como derecho la libre asociación y la participación ciudadana, pero de ser aprobada, esta nueva ley atentaría claramente contra estos derechos”, destacó de Freitas. Agregó, “Exhortamos al Estado venezolano a cumplir con estos acuerdos y a mantener su posición de abanderado de los derechos de participación de los pueblos”.

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Transparency International es la organización global de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción.

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