LA CORRUPCIÓN JUDICIAL PROMUEVE LA IMPUNIDAD Y MENOSCABA EL ESTADO DE DERECHO, REVELA UN NUEVO INFORME DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Issued by Transparency International Secretariat
Translation of: Judicial corruption fuels impunity, corrodes rule of law, says new Transparency International report
La corrupción está socavando las bases de los sistemas judiciales a nivel mundial, negando a los ciudadanos el acceso a la justicia y el derecho humano básico a un juicio imparcial y justo, o incluso a veces, simplemente a un juicio, según el Informe Global de la Corrupción 2007: Corrupción en Sistemas Judiciales publicado hoy por Transparency International, la coalición global contra la corrupción.
“El trato equitativo frente a la ley es un pilar de las sociedades democráticas. Cuando las cortes ceden ante la corrupción por avaricia o conveniencia política, la balanza de la justicia se inclina y el ciudadano común se ve perjudicado,” declaró Huguette Labelle, Presidenta de Transparency International. “La corrupción judicial implica que la voz del inocente no es escuchada, mientras que los culpables son libres de actuar con impunidad.”
El nuevo Informe Global de la Corrupción concluye que una judicatura corrupta erosiona la capacidad de la comunidad internacional para enjuiciar el delito transnacional e inhibe el acceso a la justicia y el resarcimiento por violaciones de derechos humanos. Además, mina el crecimiento económico dañando la confianza de la comunidad de inversionistas y dificulta las iniciativas de reducción de la pobreza.
CUANDO LAS CORTES SON CORRUPTAS, SALE PERJUDICADO EL CIUDADANO COMÚN
La corrupción judicial suele dividirse en dos categorías: interferencia política en el proceso judicial por parte del poder legislativo o el ejecutivo, y el soborno. La importancia de una judicatura independiente no se puede resaltar lo suficiente. Todos salen perdiendo cuando la justicia cede ante la corrupción, en particular las personas de escasos recursos, quienes se ven obligadas a desembolsar dinero que no tienen para pagar sobornos. La última encuesta global de TI sobre las posturas frente a la corrupción revela que en más de veinticinco países, al menos uno de cada diez hogares tuvo que pagar un soborno para obtener acceso a la justicia. En otros veinte países, más de tres de cada diez hogares informaron que a fin de obtener acceso a la justicia o un resultado “justo” en un tribunal, tuvieron que recurrir al soborno. En Albania, Grecia, Indonesia, México, Moldavia, Marruecos, Perú, Taiwán y Venezuela, el número es mayor.
El soborno a pequeña escala y la influencia política en la judicatura deterioran la cohesión social: instituir un sistema para los ricos y otro para los pobres divide a las comunidades. “Si el dinero y la influencia son la base de la justicia, los pobres no pueden competir,” señaló Akere Muna, Vicepresidente de TI y Presidente de la Unión Panafricana de Abogados. “El soborno no sólo hace inasequible la justicia; sino que arruina la capacidad del sistema de justicia de luchar contra la corrupción y de servir como modelo para la independencia y rendición de cuentas.”
Según una encuesta realizada en 2002, en Pakistán el 96 por ciento de los encuestados que habían acudido a las cortes menores tuvieron que involucrarse en prácticas corruptas, mientras que en Rusia se estima que cada año se gastan aproximadamente US $210 millones en sobornos dentro de las cortes de derecho.
INCLINAR LA BALANZA DE LA JUSTICIA
La corrupción en la judicatura abarca cualquier influencia indebida sobre la imparcialidad de los procedimientos y dictámenes judiciales y puede extenderse al soborno de los jueces a cambio de fallos favorables o de no emitir decisión alguna. La corrupción judicial incluye el mal uso del poder y fondos judiciales, como cuando un juez contrata a familiares para ocupar puestos de personal de la corte o manipula contratos de equipamiento y construcción de juzgados. Puede además incidir en la adjudicación sesgada de casos y en otros procedimientos previos al juicio, como cuando los secretarios judiciales corruptos “pierden” expedientes y pruebas. Puede influir cualquier juicio o conciliación judicial, así como la aplicación -o no- de laudos y sentencias judiciales.
En el Informe Global de la Corrupción 2007 se estipula que pese a décadas de reformas para proteger la independencia judicial, la presión para fallar a favor de intereses políticos sique siendo intensa. Aunque a escala mundial muchos jueces efectivamente actúan con integridad, los problemas persisten. El deterioro de estándares internacionales se evidencia en países como Argentina y Rusia, donde los poderes políticos han aumentado su influencia sobre el proceso judicial en años recientes.
Y para los jueces que se resisten a ser comprometidos, la represalia política puede ser expedita y severa. Los procedimientos injustos o inefectivos para disciplinar y destituir a jueces corruptos puede terminar usándose en cambio para eliminar a jueces independientes. En Argelia, los jueces considerados demasiado independientes son transferidos a localidades remotas. En Kenya, como parte de una campaña anticorrupción que fue ampliamente percibida como un artificio de conveniencia política, se presionó a los jueces para que dimitieran sin habérseles informado sobre los alegatos que pesaban contra ellos.
La omisión a nominar a funcionarios judiciales con base en el mérito puede dar lugar a la selección de una judicatura flexible y susceptible a la corrupción. Los jueces “problemáticos” pueden ser reasignados a otras jurisdicciones o retirados de casos delicados que a su vez serán transferidos a jueces más complacientes -táctica usada por el ex Presidente peruano Alberto Fujimori.
La interferencia de políticos o empleados civiles también puede servir de fachada “legal” para instrumentar el desfalco, nepotismo, amiguismo y decisiones políticas ilegítimas. Dicha interferencia puede ser tan flagrante como la amenaza física e intimidación y tan sutil como la manipulación de nominaciones, sueldos y condiciones de servicio judiciales.
El soborno, el otro lado oscuro de la corrupción judicial, puede ocurrir a lo largo y ancho de la estructura del proceso judicial. Según lo demuestran los informes de 32 países en el Informe Global de la Corrupción, los jueces pueden aceptar sobornos para aplazar o acelerar casos, aceptar o rechazar apelaciones, influir a otros jueces o simplemente para decidir un caso de un modo determinado. Los funcionarios de la corte pueden demandar sobornos por servicios que deberían ser gratuitos; los abogados pueden cobrar “cuotas” adicionales para acelerar o atrasar casos, o para derivar a clientes a jueces conocidos por su disposición al soborno. Entre los factores que afectan la susceptibilidad de un juez se incluye el sueldo precario. Las condiciones laborales inseguras, incluidos los procesos de ascenso y transferencia injustos y la falta de capacitación continua, provocan la vulnerabilidad al soborno en los jueces y personal de la corte.
Los procesos judiciales opacos que fomentan el soborno también pueden impedirles a los medios y la sociedad civil el monitoreo de la actividad en los tribunales y la exposición de la corrupción judicial.
SOLUCIONES: INDEPENDENCIA, TRANSPARENCIA, RECURSOS ADECUADOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS
No existe una solución única para luchar eficazmente contra estos problemas. Hay que emplear todo un abanico de soluciones que ofrezca un enfoque integral.
El Informe Global de la Corrupción 2007 ofrece recomendaciones detalladas para promover la independencia y rendición de cuentas judiciales, alentar la integridad individual, aumentar la aplicación efectiva de la ley y salvaguardar la judicatura contra la influencia política. Las nominaciones y destituciones de jueces y fiscales deben ser transparentes, independientes del poder ejecutivo y legislativo, y basarse en la experiencia y el desempeño. Los periodistas deben contar con la libertad necesaria para monitorear y opinar sobre procedimientos jurídicos y comunicar información fidedigna en materia de leyes, cambios propuestos en la legislación y procedimientos y fallos de la corte al público.
El papel supervisor de la sociedad civil es de importancia imperativa. Al monitorear y emitir opiniones sobre la selección de jueces, disciplina y códigos de conducta judiciales, el manejo de casos de las cortes y la toma de decisiones de los jueces, la sociedad civil puede atraer atención hacia los puntos débiles sistémicos que facilitan la corrupción y poner a los gobiernos sobre aviso de que se les reclamará el cumplimiento de sus promesas anticorrupción.
Transparency International ofrece recomendaciones específicas para el fortalecimiento de la independencia judicial y la lucha contra la corrupción judicial, entre ellas:
Nombramientos judiciales
- Un órgano de nominación judicial independiente debe establecerse en el seno del proceso de selección judicial.
- Las nominaciones judiciales deben basarse en el mérito y aplicar criterios de elección claros y ampliamente publicitados; los candidatos deben contar con un historial de competencia e integridad.
- La sociedad civil, incluidas las asociaciones profesionales vinculadas a actividades judiciales, deben ser consultadas sobre el mérito de los candidatos.
Términos y condiciones
- Los sueldos judiciales deben reflejar la experiencia, desempeño y desarrollo profesional; se deben ofrecer pensiones justas al momento de jubilación.
- Deben establecerse protecciones para salvaguardar los sueldos y condiciones laborales frente a la interferencia por parte del poder ejecutivo y legislativo.
- Las transferencias judiciales deben basarse en criterios objetivos a fin de proteger a jueces independientes e imparciales.
Rendición de cuentas y disciplina
- Los jueces deben recibir inmunidad limitada por acciones relacionadas con el deber judicial.
- Los alegatos contra jueces deben ser investigados rigurosamente, incluso por un órgano independiente.
- El proceso de destitución debe ser transparente y justo, con estándares estrictos e implacables; si se determina que el alegato de corrupción tiene fundamento, el juez debe ser sujeto al enjuiciamiento.
Transparencia
- La judicatura debe ofrecerle al público información confiable acerca de gastos y actividades.
- Se requiere de acceso a la información sobre leyes, cambios propuestos a la legislación, procedimientos de la corte, dictámenes y vacantes y nominaciones judiciales.
- La fiscalía debe ejecutar procedimientos judiciales en público y publicar los motivos de sus decisiones.
Se pueden encontrar recomendaciones adicionales en el Informe Global de la Corrupción 2007.
EL TRABAJO DE TI EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN JUDICIAL
El Informe Global de la Corrupción 2007 también destaca las iniciativas nacionales de los capítulos de Transparency International encaminadas a reucir la corrupción judicial.
“La corrupción en la judicatura es un enfoque central de la iniciativa global anticorrupción debido a la poderosa y corrosiva influencia que puede ejercer una judicatura corrupta sobre el estado de derecho y sobre la sociedad en conjunto. El éxito en la lucha contra la corrupción judicial impulsará la confianza de los ciudadanos y los esfuerzos nacionales destinados a lograr la transparencia y rendición de cuentas,” afirma Cobus de Swardt, Director Ejecutivo interino de TI.
La labor de Transparency International con respecto a la lucha contra la corrupción en sistemas judiciales es diversa:
- Monitoreo de la asistencia de los jueces a la corte y la calidad de sus fallos
- Apoyo en la identificación de candidatos para la magistratura a efectos de que las nominaciones sean transparentes y basadas en el mérito
- Prestación de asesoría legal gratuita a víctimas de la corrupción mediante sus 16 Centros de Incidencia y Asesoría Legal en 12 países
En su trabajo contra la interferencia política y el soborno en la judicatura, TI se apoya en los muchos aliados dentro de distintos sistemas judiciales que están comprometidos con los objetivos comunes de la transparencia y la justicia equitativa frente a la ley.
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Transparency International es la organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo.
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