LA FALTA DE AVANCES CONTRA LA CORRUPCIÓN SIGUE RETANDO A LA OEA ANTE EL NUEVO PERÍODO DEL SECRETARIO

Issued by Transparency International Secretariat

La falta de avances concretos en la lucha anticorrupción junto al exitoso bloqueo de la sociedad civil consistentemente ejercido por el gobierno de Venezuela, representan dos grandes retos para José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya reelección está fijada para hoy, señaló Transparency International (TI).

El gobierno venezolano vetó por tercera vez consecutiva la participación de la sociedad civil en el proceso de monitoreo de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), convirtiéndose así en el único país sin informe alterno y que censura a la sociedad civil en la OEA. TI y otras organizaciones presentaron informes independientes sobre cómo los gobiernos están aplicando la convención. Venezuela alega que Transparencia Venezuela, capítulo nacional de TI y asociación legalmente constituida en su país, no es una organización representativa de la sociedad venezolana.

“La OEA no debe prestarse como campo para la censura y mucho menos cuando se trata de monitorear el cumplimiento de su propio instrumento legal para combatir la corrupción”, dijo José Ugaz, ex fiscal del caso Fujimori-Montesinos, en tanto que miembro y representante de TI. “Es esencial que la OEA garantice la plena participación de la sociedad civil en dar seguimiento independiente a estos compromisos, además de asegurar la transparencia en el monitoreo y que estos informes sirvan de algo”.

El monitoreo de cumplimiento llevado a cabo por los capítulos de TI en Colombia, México, Trinidad y Tobago junto al Grupo Faro aliado de TI en Ecuador, demuestran que dichos países han avanzado poco. En Colombia y Venezuela faltan leyes que garanticen el libre acceso a la información pública. En Ecuador existe dicha ley, pero como los ciudadanos la desconocen, no se aplica. Es necesario, en México, mejorar radicalmente la coordinación entre las distintas instituciones públicas que atacan la corrupción. Las declaraciones de intereses de los funcionarios públicos en Trinidad y Tobago, Venezuela, Ecuador y Colombia, siguen sin verificación adecuada como prevé la ley, lo cual hace imposible detectar casos de enriquecimiento ilícito. Todas las organizaciones recalcaron ante la OEA la necesidad de crear indicadores que demuestren el real cumplimiento de la Convención para constatar si se producen avances efectivos en el combate a la corrupción en cada país.

“Pese a los avances económicos de la región en los últimos años, persiste la pobreza vinculada a la corrupción, alimentando la impunidad y a su vez la filtración de redes criminales en las instituciones del Estado. Exhortamos a los gobiernos a que cumplan con su compromiso de luchar contra la corrupción”, agregó Ugaz.

La CICC es un acuerdo adoptado por 33 países comprometidos a implementar leyes y prácticas para criminalizar e impedir actos corruptos. Del 22 al 26 de marzo, representantes gubernamentales ante la OEA están evaluando en qué grado cinco países - Colombia, Ecuador, México, Trinidad y Tobago y Venezuela- han avanzado en la implementación de dicha convención. Con la excepción de Venezuela, delegados de TI y otras organizaciones presentaron sus informes en sesión especial en la OEA. Entre las áreas de la convención bajo evaluación se encuentran la prevención y sanción del soborno a funcionarios públicos, el soborno transnacional, el enriquecimiento ilícito y la extradición

Ugaz exhortó a la OEA a que se comprometa a reunir este año a los Estados miembros de la convención, ya que su última conferencia para tratar específicamente el tema de la corrupción, se realizó hace cuatro años. Dicha conferencia plantearía reformas urgentes al mecanismo de seguimiento a la convención anticorrupción esenciales para transparentarlo y hacerlo más participativo. Estas serían: reformar el reglamento que permite el veto de los Estados a los informes de la sociedad civil; publicar las actas de las reuniones del comité que analiza el cumplimiento; y realizar visitas de evaluación a los países, pendientes desde hace diez años. La Presidenta del Comité de Expertos, Vânia Lúcia Ribeiro de Brasil, consideró igual de urgente la necesidad de reunir a los Estados Parte y se comprometió a impulsar las 3 reformas propuestas por TI. De igual manera, el delegado de El Salvador expresó que es inaceptable censurar a la sociedad civil y las voces críticas.

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Transparency International es la organización mundial de la sociedad civil líder en la lucha contra la corrupción.

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