Las autoridades panameñas deben garantizar que el ex presidente extraditado enfrente la justicia

Cuando el ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, regrese hoy al país tras su extradición de los Estados Unidos, las autoridades deberían detenerlo al llegar para garantizar que sea juzgado en un proceso justo por la magnitud de sus presuntos crímenes, dice Transparencia Internacional.

Luego de su arresto en los Estados Unidos en junio pasado, Martinelli está siendo extraditado por escuchas ilegales y peculado cometidos durante su mandato como presidente.

En total, enfrenta ocho casos ante la Corte Suprema de Panamá por cargos relacionados al ejercicio de su alto cargo. Estos incluyen acusaciones de que manipuló licitaciones para contratos públicos de alimentos y mochilas para escolares, bajo el esquema de bienestar social más grande de Panamá, el Programa Nacional de Ayuda.

Se han expresado preocupaciones de que Martinelli tiene los medios financieros para huir del país a fin de escapar de la justicia, como lo ha hecho en el pasado. Los abogados federales estadounidenses en los Estados Unidos enfatizaron el mismo mensaje en múltiples ocasiones durante el procedimiento de extradición de que Martinelli representaba un riesgo de fuga.

Los abogados de las víctimas de la presunta escucha ilegal de Martinelli solicitaron que la Corte Suprema de Panamá mantenga a Martinelli en detención preventiva. Transparencia Internacional y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el capítulo panameño de Transparencia Internacional, apoyan ese llamado e instan a la Corte Suprema a mantenerlo a salvo en el país para hacer frente a la justicia.

"Ricardo Martinelli continúa teniendo los medios financieros y el apoyo político en Panamá que podrían permitirle escapar de la justicia si las autoridades no actúan con todo el peso y la fuerza permitidas por la ley", dijo Olga de Obaldia, directora ejecutiva de Transparencia International Panamá. "Sus abogados cancelaron inesperadamente su apelación en el caso de extradición, sugiriendo que podría considerar la extradición a Panamá como un camino hacia la impunidad. La Corte Suprema debe estar atenta a que Martinelli no pueda abrir todas las vías hacia la impunidad, ya sea que huya del país o incluso se postule para un cargo de elección popular con el fin de obtener inmunidad. La crisis de credibilidad en nuestras instituciones se profundizará si no se hace justicia".

Transparencia Internacional solicita además a la Corte Suprema de Panamá que procese los procedimientos penales contra Martinelli en relación con los otros ocho emblemáticos casos e inicie la expansión de la orden de extradición a estos casos. La presente extradición permite a la Corte Suprema enjuiciar a Martinelli solo en el caso de escuchas telefónicas, pero no en ningún otro caso.

Transparencia Internacional Panamá estima que hasta un 1% del PIB de Panamá, aproximadamente 600 millones de dólares, se pudo haber perdido por diferentes esquemas de corrupción durante la presidencia de Martinelli, aunque no se han contabilizado los números finales, ya que el Sistema de Administración de Justicia no ha podido procesar y concluir todos los casos conocidos y más casos están saliendo a la luz. Panamá obtuvo 37 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 (siendo 100 completamente limpio y 0 más corrupto) al igual que otros países de América Latina: Brasil, Colombia y Perú.

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