Transparencia Internacional condena las acciones legales contra defensores anticorrupción en Guatemala
El lunes 16 de enero, el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala, Rafael Curruchiche, anunció medidas contra los operadores de justicia que participaron en las investigaciones del caso Odebrecht. La Fiscalía solicitó órdenes de captura que fueron autorizadas por un Juez contra la ex fiscal Thelma Aldana, la ex secretaria del Ministerio Público Mayra Véliz, el abogado Juan Pablo Carrasco de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AMCHAM); y el ex investigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) David Gaitán, miembro de Transparencia Internacional Guatemala. Curruchiche también anunció acciones legales contra Iván Velázquez, actual Ministro de Defensa de Colombia, quien dirigió la CICIG durante muchos años.
Este anuncio se produce justo después de la liberación del ex candidato presidencial Manuel Baldizón la semana pasada, quien había sido encarcelado por presunto lavado de dinero vinculado con el caso Odebrecht y condenado en Estados Unidos, y de las sospechas de que Alejandro Sinibald, ex Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, actualmente en prisión por haber recibido sobornos de Odebrecht, pueda ser excarcelado pronto.
Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, ha declarado:
"Guatemala ha sido líder mundial en la lucha contra la corrupción a través del trabajo de fiscales independientes, capaces y honestos que lograron revelar y procesar casos de gran corrupción. El encarcelamiento de los funcionarios públicos que recibieron sobornos de Odebrecht fue un momento decisivo para el país. La decisión actual de liberar a quienes participaron en esta trama de corrupción y de procesar a quienes ayudaron a destapar el caso es un giro devastador.”
Pedimos al gobierno de Guatemala retirar inmediatamente los cargos contra estos defensores de la lucha contra la corrupción. Los cargos contra David Gaitán deben ser revocadas dado que el gobierno ha firmado un acuerdo legal internacional que otorga inmunidad a todos los miembros de la CICIG. Pedimos a Naciones Unidas (ONU) que le exija al gobierno la rendición de cuentas sobre su compromiso de proteger a quienes lucharon contra la corrupción en la CICIG.
Instamos a la comunidad internacional a tomar medidas para proteger los esfuerzos anticorrupción en Guatemala. Los países que implementan sanciones legales y financieras contra quienes cometen violaciones de derechos humanos y actos de corrupción deben coordinar sus esfuerzos para ser más eficaces. Asimismo, instamos a la Unión Europea (UE) especificamente a hacer cumplir las cláusulas democráticas y de derechos humanos de su acuerdo de asociación con Centroamérica.
